La policía detuvo al padre de una alumna del colegio Santa Rosa por la amenaza de bomba registrada el 27 de julio en esa institución. Es la primera vez que un progenitor de una estudiante -investigado por intimidación pública- es detenido mediante una orden de captura, es decir, previamente a que un fiscal le solicite la prisión preventiva. Hasta el momento solo se les había enviado notificaciones a los sospechosos informándoles que debían afrontar una audiencia de formulación de cargos al día siguiente.
En este caso, por pedido de Mariana Rivadeneira, la titular de la fiscalía de Delitos Complejos, la jueza Eliana Gómez Moreira ordenó la detención de Federico Paulino Ríos y el allanamiento en dos domicilios vinculados al hombre.
Según la acusación del caso, ese día a las 9.30, la recepcionista de la institución educativa recibió una llamada telefónica y una voz masculina le dijo: “amenaza de bomba en el patio del colegio”. Inmediatamente, siguiendo el protocolo, se le dio intervención a la Policía y los Bomberos. El informe telefónico detectó que la línea que había llamado al colegio pertenecía al padre de una alumna, así llegaron hasta el acusado, que en las próximas horas sería imputado.
El abogado de Ríos, Arnaldo Ahumada, se comunicó con el diario La Gaceta para reclamar que “la orden de allanamiento y detención es una enormidad. Ese día el mismo colegio había enviado un Whatsapp a los padres avisando que había habido una amenaza de bomba y él llamó al colegio para preguntar. No le contestaron y por esos dos segundos de llamada, con ese solo indicio la fiscala pide, y la jueza le da, el allanamiento y la detención”.
Añadió que intentó presentarse en la fiscalía para que le tomen declaración a Ríos y que así se evite la detención, y que sólo lo atendió un empleado. “Esta detención es ilegal y es un escrache. El Ministerio Público Fiscal no puede dar una información de esta índole sin pedirle al arrestado que dé una explicación”.
Por otra parte, en la madrugada de ayer cayó el sospechoso de haber realizado la amenaza de bomba en la sucursal de la Caja Popular de Ahorros ubicada en la esquina de Juan B. Justo y Gobernador del Campo. Por este hecho se desalojó el edificio y la atención al público se vio truncada en la institución bancaria.
La Fiscalía de Delitos Complejos rastreó el origen de la llamada y ubicó a un sospechoso -cuyo nombre aún no trascendió- que fue arrestado en su casa de Alderetes. Deberá afrontar una audiencia de formulación de cargos hasta antes de esta noche. La Fiscalía le solicitó a la Caja Popular que informe mediante un escrito qué vinculación tendría el sospechoso. Por el momento no se pudo determinar si es (o fue) un empleado, un deudor, un acreedor o si tenía otros motivos para hacer la amenaza.
Por otra parte, a raíz del aluvión de casos por amenazas de bomba en escuelas y otras instituciones, se designó al fiscal Carlos Picón para que colabore con Rivadeneira y así ambos investigadores se repartan las intervenciones. Por otra parte, en las últimas horas Rivadeneira recibió los informes pertinentes para avanzar con la pesquisa sobre el caso de la falsa alarma registrada días atrás en una empresa de correo privado. Hasta el cierre de esta edición la Fiscalía esperaba que un juez les autorice la realización de al menos cinco allanamientos.