Las historias e investigaciones de ciberataques y espionaje. Las cloacas de la política.

El hackeo al teléfono móvil de funcionario de CABA Marcelo D’Alessandro es el tema central de la nota que firma el periodista y abogado Hugo Alconada Mon para el diario La Nación, que trata de desentrañar un tema que ha generado expectativa a nivel nacional.

El análisis del periodista expresa. “Un submundo donde sobran las operaciones y lo más visible –pero también lo más rudimentario– es la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), y donde también se mueven agentes orgánicos e inorgánicos de las fuerzas de seguridad, y algunas consultoras privadas que se encargan de los trabajos sucios por un fajo de billetes”. Cometa que esta explicación tiene como fuente “los testimonios de funcionarios, exfuncionarios y expertos de las áreas de seguridad e inteligencia”.

Lo cierto es que las acusaciones no van en una sola línea, ya que se identifican “al menos seis investigaciones”, las cuales “abordan distintas aristas vinculadas a las filtraciones telefónicas que tuvieron como protagonista central al ahora bajo licencia ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad, Marcelo D’Alessandro”.

Lo curioso de este asunto es que no todas contra el funcionario de la capital, sino que en las causas, algunas “lo tienen como imputado por la presunta comisión de delitos; otras, como víctima, al igual que el diputado nacional Diego Santilli, que por estas horas acumula ansiedad ante posibles filtraciones”.

Ciberataque a un legislador

Es llamativo que las operaciones de hackeo no terminaron con D’alessandro porque entre las investigaciones tratadas por Alconada Mon y tramitadas en los tribunales federales se incluye una que afecta al diputado diego Santilli. Una que, “en los tribunales federales de Comodoro Py permitió reconstruir parte de la metodología que se aplicó para robarle el teléfono a Santilli, en una operatoria similar a la que afrontó D’Alessandro. Incluye escalas en Buenos Aires y Misiones, según reconstruyó el fiscal a cargo de la instrucción, Federico Delgado, aunque su punto final podría ser, acaso, una cárcel. O policías deseosos de revancha”.

Lo obtenido explica el procedimiento: “El primer eslabón fue la empresa de telefonía Movistar. Detalló que Santilli perdió el control de su teléfono el viernes 14 de octubre, a través de un ‘SIM SWAP’; es decir, el cambio que él no pidió de la tarjeta SIM. Pero nadie se presentó en una oficina comercial de la compañía, sino que avanzó a través de su página de Internet, a las 14.04, sin que debiera dejar un teléfono o correo de contacto, ni quedara asentado desde dónde lanzó la ofensiva”.

Es curioso que se haya podido lograr quebrar la seguridad de la empresa telefónica, que lamentablemente, no pudo garantizar la privacidad al damnificado.

“El atacante sólo tuvo que responder cinco preguntas sobre Santilli de resolución sencilla para cualquiera con acceso a Google y, como máximo, un servicio como Nosis”, dice el informe periodístico. Y continúa explicando el tipio de pregunta involucradas: “¿En cuál de las siguientes empresas trabajás o trabajaste?” (la respuesta fue un organismo público); “¿Conocés a alguna de estas personas? (la respuesta fue alguien con su mismo apellido y el de su exmujer, Nancy Pazos); ¿En cuál de estas entidades tenés o tuviste una tarjeta de crédito? (la respuesta fue un banco público); ¿En qué localidad vivís o viviste?” y “¿Cuál es tu categoría actual de Monotributo según tu inscripción en AFIP?”.

Resultado: “Santilli perdió el control de su teléfono durante cuatro horas, período durante el cual el atacante accedió a sus casillas de correo electrónico, sus conversaciones de WhatsApp, sus cuentas en redes sociales y su agenda de contactos. Es decir, material que el hacker pudo copiar y adulterar”.

Un nivel de espionaje extremo digno del legendario agente del MI6, James Bond. Pero, tiene una similitud con el caso del ministro de Justicia de CABA.

“Es decir, lo mismo que denunció D’Alessandro, quien de todos modos deberá dar explicaciones dentro de Pro sobre sus acciones, su nivel de vida y sus vínculos, por ejemplo, con la exnúmero dos de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Silvia Majdalani”, continua el análisis del diario La Nación.

No obstante, la cadena de misterio se extiende en la corriente del tiempo porque “Movistar le informó algo más a la Justicia. Le precisó que la tarjeta SIM que se usó para hackear a Santilli se la había vendido, junto a otras 29.999 a la empresa Comtel SA, segundo eslabón de la cadena. Ante la consulta del fiscal Delgado, esa firma detalló que repartió las SIM en varias provincias, pero que la tarjeta de interés había sido remitida a Misiones, donde Comtel SA aclaró que había dejado de operar en agosto”.

¿Cuánto tiempo atrás se venia gestado esta acción? ¿Hay un plan o programa de investigación ilegal que se esta siguiendo? ¿Es una organización de qué tipo esta que está operando?

El cuarto eslabón

“Comtel informó también que esa SIM –y muchas otras- terminaron en las manos de su vendedor en Misiones, Junior Gularte –tercer eslabón de la cadena–, que a su vez solía distribuir su mercadería entre locales y kioscos, entre otros puntos de venta. La Fiscalía lo citó y Gularte declaró que vendió ese stock final de tarjetas –incluida la SIM bajo la lupa– a un técnico de celulares y revendedor, el 9 de septiembre. ¿Su nombre? Elías Ezequiel Núñez Pinheiro, de Eldorado, Misiones. El cuarto eslabón”.

Pero, he aquí el problema de la investigación judicial, porque surge un inconveniente:

“Núñez Pinheiro confirmó que él recibió esa SIM, pero que la vendió junto a las demás a distintos comercios, sin asentarlo en un registro numerado. Explicó que salió en su automóvil a ofrecer las tarjetas y chips por Eldorado y ciudades aledañas, y que podría intentar reconstruir el recorrido, ‘de memoria’, pero que jamás podría precisar dónde vendió cada tarjeta”.

Pero, esto hace surgir muchos cuestionamientos sobre la seguridad de los ciudadanos comunes y otros de más alto perfil, quizás, por el nivel de sus actividades comerciales, en algunos casos y, políticas, en otros.

Todo esto, porque, se sabe que “Delgado recomendó al juez archivar la investigación. Pero, también pidió comunicarle los hallazgos a la autoridad regulatoria del servicio de telecomunicaciones para que adopte medidas que morigeren o reviertan las “vulnerabilidades” verificadas y que llevan a la suplantación de identidades, estafas y secuestros extorsivos, entre otros delitos.

Las voces de la política tras el hackeo a D’Alessandro

“Desde Juntos por el Cambio afirman que el hackeo lo orquestó el oficialismo y especulan que podría haber recurrido a presos que se dedican a los secuestros virtuales y otras maniobras delictivas”, dice el informe de La Nación.

“El plan último era pegotear a D’Alessandro o Santilli con el ataque de los ‘copitos’ a Cristina Kirchner, hackeando sus teléfonos para enviarles mensajes a [Fernando] Sabag Montiel o [Nicolás] Carrizo”, llegó a decir un extitular de los servicios de inteligencia ante la consulta de LA NACION. “Al final, eso no fue necesario porque se encontraron con un ‘tesoro’ en el celular de D’Alessandro que van soltando en grageas”.

¡Por qué cree que el oficialismo estuviera involucrado en estas maniobras?

“¿Cómo explica que cuando Cristina Kirchner denunció un supuesto ‘lawfare’ tras ser condenada se filtró el material sobre Lago Escondido y cuando el Gobierno se cruzó con la Corte Suprema por la coparticipación, justo salió a la luz los intercambios entre D’Alessandro y la mano derecha de [el presidente del tribunal, Horacio] Rosatti?”.

También se dijo que desde la ‘oposición’ que opera cierta “mesa militar” en el interior de la AFI muy relacionada a César Milani (exjefe del Ejército, teniente general (RE)). Sobre esto dicen quienes estuvieron dentro del organismo al mando de Agustín Rossi, que este, “carece del equipamiento y de los recursos humanos para algo consistente”.

El oficialismo, por supuesto no reconoce haber intervenido en nada. Según  Leopoldo Moreau presidente de la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia “D’Alessandro es ‘víctima’ de la interna que carcome a su espacio político”

Y agregó: “Estoy seguro que detrás de todo esto está la Policía de la Ciudad, cuyos agentes prestó [Horacio] Rodríguez Larreta a [Mauricio] Macri para que trabajasen en la AFI, donde integraron el grupo ‘Super Mario Bros’. Ahora le están pasando factura por haberles soltado la mano cuando la Justicia los procesó a ellos como ‘cuentapropistas’, mientras protegía a los eslabones superiores. Eso, la mafia te lo cobra”.

El periodista de La Nación concluye que, por lo que dicen ambos bando políticos: “unos y otros descartan que el hackeo haya sido realizado por sectores ajenos a las cloacas de la política”.

Los antecedentes

“Durante el macrismo, la AFI maniobró para que el juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena, interviniera teléfonos de la cárcel de Ezeiza para, en teoría, escuchar al ‘rey de la efedrina’, Mario Segovia. Pero en la práctica se utilizó para espiar a otros internos, como Julio de Vido, Amado Boudou y Ricardo Jaime, empresarios como Cristóbal López y Fabián de Sousa, y sindicalistas como Juan Pablo ‘Pata’ Medina, entre otros. Sin olvidar, tampoco, el espionaje ilegal al Instituto Patria, referentes de la Iglesia y periodistas, o la filtración de las conversaciones telefónicas entre la actual vicepresidenta y Oscar Parrilli”.

Aunque el análisis también conduce a otro recuerdo de las actividades de los que hoy son el oficialismo: “El kirchnerismo tampoco puede declamar pureza. Abrevó en los servicios de Antonio ‘Jaime’ Stiuso y Fernando Pocino durante años para espiar opositores, presionar a empresarios y periodistas, y resolver entuertos judiciales, al punto que Gustavo Beliz salió eyectado del Ministerio de Justicia cuando alertó sobre las operaciones ilegales de la ex-SIDE. Y el juez federal Norberto Oyarbide declaró cómo le ‘apretaron el cogote’ dentro de su propio despacho de tribunales para que sobreseyera a Néstor y Cristina Kirchner en la causa por enriquecimiento ilícito, entre otros hitos. Eso, sin olvidar los carpetazos contra Enrique Olivera y Francisco de Narváez durante las campañas electorales de 2005 y 2009. O la cadena nacional que protagonizó el presidente Alberto Fernández para exponer las revelaciones surgidas del hackeo ilegal al teléfono de D’Alessandro”.

Queda tela para cortar si se sigue el desentrañamiento de esta cuestión de los espionajes, donde nadie parece estar libre o habilitado para “tirar la primera piedra”.