Es el equivalente del 1% del PBI y del dinero destinado a emergencia por la segunda ola del covid.
Se dice que, es regla de oro de la política y también de la economía: el gasto público crece en años de elecciones. Y, como era de esperar, este año no será la excepción. El impecable orden con el que llevó las cuentas durante el primer semestre el ministro de Economía, Martín Guzmán, le permitió acumular un colchón para la segunda parte del año en la que, es sabido, se destinarán gran cantidad de recursos a recomponer el bolsillo. Gran parte de esos gastos ya están anunciados y algunos otros, como una nueva modificación en el impuesto a las Ganancias, están bajo análisis. Los mayores gastos no alterarán la meta de déficit fiscal de Guzmán pero sí tendrían impacto en la inflación.
Según los cálculos de economistas privados, en cifras concretas, el gasto electoral totalizará más de $400.000 millones, una cifra equivalente a más de 1% del PBI. Hay que destacar que, en este monto, no se incluye el gasto destinado a los subsidios energéticos para mantener congeladas las tarifas, y es similar, al que se destinó durante el primer semestre a gastos no previstos por la emergencia de la segunda ola de contados de Covid 19.
Actualmente, el Gobierno decidió ampliar la asistencia a los sectores críticos y las partidas del REPRO, entre otras medidas, que sumaron un total de $480.000 millones. El financiamiento, se anunció en esa oportunidad, provino esencialmente de los recursos extraordinarios que aportaron las retenciones a la soja y el impuesto a la riqueza.
Otra comparación que nos permite visualizar lo que implicará el gasto electoral es entender que el mismo, totalizará una cifra equivalente a más de 1% del PBI.
¿De dónde vienen los recursos?
Hay que subrayar que para enfrentar cúmulo de gastos del segundo semestre, será el Banco Central el que deberá acercar los fondos. En algunos casos, se trata de gastos que ya están en ejecución, como el bono de $5.000 a jubilados que se cobrará este mes, que insumirá unos $45.000 millones. Lo mismo que las ampliaciones del Plan Potenciar Trabajo y del Plan Potenciar absorberán otros $100.000 millones, cifra similar que se orientará a la ampliación de la Tarjeta Alimentar.
¿Son los púnicos gastos que quedan?
Hay todavía, gastos aún no definidos. Sobre ellos, se confirmó desde el Gobierno y también desde el Congreso, que habrá una nueva suba del mínimo no imponible, del orden del 20%, para que el impacto de la reapertura de las paritarias no se diluya en el pago del tributo. Es que la mejora del salario real, con un nivel de inflación muy por encima del previsto a principios de año, es uno de los objetivos oficiales clave en vistas de las elecciones de medio término. Para poder salvar la situación, las proyecciones privadas prevén un nuevo incentivo para jubilaciones y planes sociales entre octubre y noviembre.
“En un año electoral y en un contexto de crisis como el actual, es de esperar que los gastos sean mayores que los estipulados. Por caso, entre 2007 y 2015, las erogaciones estatales fueron 25% superiores a los aprobados por el Congreso”, afirmó un estudio de la consultora Analytica, que preside Ricardo Delgado.
El informe aporta un cálculo interesante: estima que el mayor gasto electoral tendrá un impacto de la misma proporción en la actividad económica. “Los impactos que el aumento de cada partida de gasto tiene sobre el nivel de actividad se estima mediante los desencadenamientos virtuosos generados al resto de la economía”, afirma el informe que computa un impulso fiscal hasta el momento de 0,7 del PBI.
Por otra parte, la consultora Equilibra prevé que la expansión del gasto involucrará una emisión monetaria de otros $680.000 millones en lo que resta del año.
¿Cuál es la lógica que sigue este razonamiento?
“Destinar cerca de 0,7% del PIB extra en los sectores más golpeados redunda en un crecimiento extra del +0,9% para 2021 y un panorama inicial más favorable en 2022. La explicación más sencilla es obvia; nuestra estructura productiva depende 60% del consumo, y aquellos sectores con mayores necesidades básicas y sociales insatisfechas gastan todo ingreso adicional”, dice el reporte de la consultora Equilibra.
En esta explicación destaca la dificultad de financiar el mayor gasto público sin consecuencias en la inflación.
Desde dicha consultora, la economista Lorena Giorgio calculó que el BCRA deberá aportar unos $680.000 millones hasta fin de año.
“Con el recalentamiento del gasto en la víspera electoral, el Tesoro debió recurrir a financiamiento del BCRA por $180.000 millones en julio y $40.000 millones en la primera semana de agosto. En todo el primer semestre, la asistencia sumó $330.000 millones. Prevemos que la expansión del gasto involucrará una emisión monetaria de otros $680.000 millones en lo que resta del año”, concluyó en su reporte semanal difundido ayer. /infobae
