Tal como lo había anticipado el pasado 1 de marzo el presidente Alberto Fernández, el Gobierno denunció penalmente a Mauricio Macri y varios de quienes fueron sus funcionarios con responsabilidad en el área económica por el megacrédito con el FMI por más de u$s44.000 millones.
En la denuncia que presentó la Oficina Anticorrupción se los acusa de los delitos de «defraudación por administración infiel agravada por ser cometida en perjuicio de la administración pública y malversación de caudales públicos».
La denuncia se basa en un extenso informe del Banco Central y de la Auditoria de la Sindicatura General de la Nación «sobre los procedimientos aplicados para la celebración del Acuerdo Stand By suscripto entre la República Argentina y el Fondo Monetario Internacional en 2018”.
«Hoy la Oficina Anticorrupción realizó la correspondiente denuncia penal ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal nro. 5 en la causa nro. 3561/2019 “Macri, Mauricio y otros s/ defraudación por administración fraudulenta y defraudación contra la administración pública”, puesto que, según información pública, en dicha sede judicial tramita un sumario cuyo objeto reúne varias denuncias por hechos total o parcialmente coincidentes con los que aquí se denuncian», se informó oficialmente.
La presentación de la OA fustiga la operación de endeudamiento llevada a cabo por Macri y su equipo económico por más de u$s44.000 millones, los cuales mayormente fueron fugados del país sin que impactaran en una reactivación de la actividad.
«Los imputados recurrieron a distintas conductas que se describen en la denuncia, desde evitar cumplir con los procedimientos legales para la toma de la decisión del endeudamiento evitando al Congreso de la Nación, hasta falsear los objetivos del empréstito; lo cierto es que entre mayo de 2018 y hasta que fueron restablecidos tardíamente los controles cambiarios más estrictos en octubre 2019, del total pautado con el FMI se desembolsaron casi USD 44,5 mil millones», explica la denuncia.
Y agrega: «Estos fondos, junto a las reservas internacionales, abastecieron una fuga de capitales del sector privado que alcanzó los USD 45,1 mil millones, una salida de capitales especulativos por USD 11,5 mil millones y los servicios de la deuda (pública y privada) por USD 36,9 mil millones».
Para el Gobierno de Alberto Fernández «el FMI fue complaciente tanto con el otorgamiento del empréstito como con el control de su ejecución». «No resulta casual sino causal la coincidencia de las sumas, en tanto los USD 44,5 mil millones obtenidos mediante el empréstito con el FMI resultan muy cercanos a los USD 45,1 mil millones fugados por capitales especulativos y los USD 46,1 mil millones de Lebacs emitidos a junio de 2018», argumenta además.
Cabe recordar que la definición contra el FMI, que en el momento en que Macri, vía Dujovne, tomó el megacrédito el organismo era conducido por la francesa Christine Lagarde, hoy al frente del Banco Central Europeo. Por estos días, el actual ministro de Economía, Martín Guzmán, está negociando con la entidad los términos en los que Argentina devolverá ese préstamo.
«El proceso fue espurio porque las autoridades no optaron por ninguna otra medida que evitara la sobredemanda de dólares y la salida de estos de la plaza local, garantizando con su deliberada pasividad la toma de ganancias de los especuladores a expensas del patrimonio público, desentendiéndose de las advertencias que envía la historia económica nacional, y a pesar de que la maniobra se reiteraba desde diciembre de 2015 y el default final -como toda la secuencia- resultaba más que previsible. No se recurrió al canje compulsivo de títulos ni al control cambiario (al que tantas veces se echó mano en perjuicio de los pequeños ahorristas nacionales) sino hasta que, en las postrimerías del gobierno, las ganancias, su dolarización y la fuga estuvieron garantizadas para los especuladores», continúa la denuncia.
Fuente: Ámbito
