El grupo panameño de abogados Alemán, Cordero, Galindo & Lee (Alcogal) vinculado a escándalos de corrupción.
Una filtración de casi 12 millones de documentos que revelan riqueza oculta, elusión fiscal y, en algunos casos, lavado de dinero por parte de algunas de las personas ricas y poderosas del mundo, según los Pandora Papers. El pequeño despacho Alcogal ha jugado un papel destacado en la creación de empresas en el extranjero para 160 políticos y personas con cargos públicos.
En las tres últimas décadas, Alcogal se ha convertido en «un imán para los ricos y poderosos de Latinoamérica» —y de otras partes del mundo— que pretenden ocultar su riqueza en el exterior, según muestra la filtración masiva de documentos de empresas obtenidos por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés).
El bufete de abogados sirvió de intermediario empresarial para más de 160 políticos y funcionarios públicos, según los documentos.
Contó con clientes como expresidentes panameños y exfuncionarios de alto rango de la empresa estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), entre otros.
Casi la mitad de los políticos cuyos nombres aparecen en los documentos filtrados tenían vínculos con Alcogal, una empresa fundada por Jaime Alemán en 1985, quien en esa ápoca reclutó a otros tres abogados: Carlos Cordero, Aníbal Galindo y Jorge Federico Lee.
¿Qué historial tiene este estudio jurídico?
Se sabe que, ha prestado servicios a personas implicadas en algunos de los escándalos de corrupción más destacados de la historia reciente en América Latina, como la operación de soborno mundial del gigante brasileño de la construcción Odebrecht y el escándalo internacional de corrupción en el fútbol conocido como Fifagate, así como la presunta salida de recursos fiscales desde Venezuela al extranjero.
«Cuando estamos hablando de élites políticas, presidentes o expresidentes, son personas que pueden cambiar regulaciones, son personas que se están beneficiando de este sistema offshore, entonces hay que preguntarse cómo puede afectar esto a los ciudadanos en temas de impuestos y de transparencia», dice Emilia Díaz-Struck, coordinadora del ICIJ para América Latina al ser consultada por BBC Mundo.
Maira Martini, investigadora de operaciones de lavado de dinero de la organización sin fines de lucro Transparency International, explica que, los clientes del bufete de abogados han estado relacionados con algunos de los mayores escándalos de corrupción en Latinoamérica.
Al ser entrevistada por BBC Mundo Martini señala que, habitualmente Alcogal, «no realiza preguntas a sus clientes y hace la vista gorda en relación a las actividades que estos realizan».
«Aunque los Pandora Papers no prueban que Alcogal estuvo directamente involucrada en actividades ilegales, levanta una bandera roja para que sean investigados por la justicia», explica.
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«Pleno cumplimiento de todos los requisitos»
La investigación de los Pandora Papers, que se basa en más de 11,9 millones de documentos confidenciales de bufetes y proveedores de servicios en paraísos fiscales, señalan que existe una «economía en la sombra» a la que acceden personas ricas y poderosas.
«Despachos como Alcogal impulsan esa economía, ayudando a los clientes adinerados a encontrar refugios para ocultar dinero, a veces de los recaudadores de impuestos y los investigadores penales», afirma la ICIJ.
En una carta dirigida al consorcio de periodistas, Alcogal declara que la constitución de empresas «es solo un aspecto» de sus servicios legales y que opera en «pleno cumplimiento de todos los requisitos aplicables en cada jurisdicción en la que trabajamos».
La empresa «lleva a cabo en profundidad las comprobaciones debidas sobre los clientes que se consideran de alto riesgo, independientemente de la naturaleza de la relación o del servicio», se afirma en la misiva.
Empresas ficticias
Los documentos filtrados muestran que Alcogal estableció más de 200 empresas ficticias en Panamá y otras jurisdicciones a petición de la Banca Privada de Andorra (BPA), un banco privado con sede en el pequeño principado situado entre Francia y España. Algunas de ellas fueron presuntamente utilizadas para desviar fondos de PDVSA.
Es por eso que, el gobierno de Estados Unidos incluyó al citado banco en su lista negra como una «preocupación principal por el blanqueo de capitales».
El clan Martinelli
Los documentos filtrados, muestra que, a petición del BPA, Alcogal creó dos empresas que luego fueron presuntamente utilizadas por Odebrecht para canalizar US$30 millones en sobornos con el fin de obtener contratos de obras públicas en Panamá.
Parte del dinero fue a parar a los hijos del expresidente panameño Ricardo Martinelli, según declararon los denunciantes.
Ellos fueron acusados el año pasado y los fiscales recomendaron no hace mucho que Martinelli, que ha tenido vínculos personales con algunos de los fundadores de Alcogal, también fuera acusado.
Obviamente, los Martinelli niegan las acusaciones.
En otro sector, los documentos también muestran Alcogal registró dos empresas propiedad del expresidente de Panamá, Juan Carlos Varela, su hermano, su padre, y otros asociados.
Cuando Varela era presidente, la prensa local publicó que una parte de su campaña fue financiada con recursos provenientes de operaciones de lavado de dinero, acusación que el exmandatario rechaza.
Alcogal determinó, en aquel entonces, que el caso no requería seguir siendo investigado.
Según el ICIJ, los fundadores y socios de Alcogal «forman parte de la misma clase política a la que presta servicios su empresa. Ellos han entrado y salido del gobierno panameño y de posiciones políticas por décadas».
Un candidato presidencial de Honduras
Entre las operaciones del bufete de abogados, también figura que en 2006 registró una empresa en Panamá llamada Karlane Overseas SA.
Al año siguiente, todas menos una de las 10.000 acciones de la firma se transfirió a Nasry Juan «Tito» Asfura, según los documentos.
Asfura, entonces comisario de Tegucigalpa, es uno de los principales candidatos a la presidencia en las elecciones previstas en Honduras para el mes que viene.
El año pasado, el fiscal general de Honduras pidió a un tribunal anticorrupción que juzgara a Asfura, que ahora es alcalde de Tegucigalpa, por presunta malversación de fondos municipales, pero el Tribunal Supremo decidió no enviar el caso a juicio.
Mediante un portavoz, Asfura declaró al Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) y Contracorriente, socios del ICIJ, que no es propietario de la empresa en el extranjero y que no tiene inversiones en paraísos fiscales.
Por su parte, Alcogal señala que renunció a las empresas identificadas en la investigación de Odebrecht y colaboró plenamente con las autoridades.
Acerca del banco andorrano, la firma de abogados dice que no tenía «ningún motivo para sospechar que BPA Andorra estuviera prestando servicios bancarios a clientes de dudosa reputación».
El camino a Venezuela
Un hecho llamativo es que los documentos filtrados muestran que la firma de abogados aceptó clientes referidos por BPA para actuar como el agente encargado de compañías en el extranjero de algunos aliados del fallecido expresidente de Venezuela Hugo Chávez.
¿Quiénes son las personas involucradas?
Entre ellos, Javier Alvarado Ochoa y Nervis Villalobos. En 2015, la FinCEN, una agencia del Departamento del Tesoro de Estados Unidos que investiga delitos financieros, incluyó al BPA en su «lista negra» por preocupaciones sobre posible lavado de dinero.
La FinCEN afirmó que los banqueros y sus clientes venezolanos trabajaron cercanamente con funcionarios de alto nivel de Venezuela y agentes panameños para establecer empresas ficticias que luego utilizaron los venezolanos para «lavar fondos públicos saqueados».
Luego de estos hechos, expuestos por la agencia estadounidense, Alcogal renunció a seguir siendo el agente registrado de algunas empresas vinculadas a clientes venezolanos, señalan los documentos de los Pandora Papers.
Un hecho relacionado es que, Ochoa, Villalobos y otros funcionarios venezolanos y algunos familiares fueron acusados por autoridades en Andorra, España, EEUU. y Venezuela.
Ni la FinCEN ni otras autoridades acusaron a Alcogal, como a ningún otro proveedor de servicios conectado a los exfuncionarios venezolanos.
Villalobos no respondió a la solicitud de comentarios por parte del ICIJ , mientras que Ochoa -a través de su abogado- declinó referirse a su caso porque está pendiente en los tribunales de justicia.
Hasta aquí podemos ver cuánta imaginación y audacia hay en cierto sector de la clase dirigencial de América Latina y cómo se invierte una gran cantidad de dinero en asesoramiento legal para ocultar fortunas de dudosa procedencia.
Algunos de los cuestionados, solían tener un discurso de preocupación y protección para con los pobres. Pero, hasta aquí, solo han demostrado que, eso no era más que una fachada, y que, su interés principal era quedarse con el capital destinado a proveer mejoras en la calidad de vida de aquellos.
