Alberto Fernández la promueve por el crédito con el FMI. El ex presidente Mauricio Macri será investigado por presunta defraudación contra la administración pública
La administración de Alberto Fernández impulsó este viernes la querella contra el ex presidente Mauricio Macri en la causa que investiga si existió defraudación contra la administración pública al haber acordado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) un crédito Stand By por U$S 50 mil millones.
Los cargos contra Mauricio Macri
Mediante el decreto 239/2021, se instruyó al Procurador del Tesoro de la Nación Carlos Zannini a constituirse como querellante – en representación del Estado Nacional- en la causa 3561/2019, en la que se intenta determinar si durante la gestión de Mauricio Macri se cometió el delito de “defraudación por administración fraudulenta y defraudación contra la administración pública”. Se trata de un expediente que se tramita ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal 5 de la Ciudad.
Los ítem que abarca el documento gubernamental contra Mauricio Macri

Recientemente, el 12 de marzo, la Oficina Anticorrupción (OA) había realizado una denuncia penal ante ese Juzgado luego de recibir un informe del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y la Auditoría de la Sindicatura General de la Nación, sobre los procedimientos aplicados en la toma del crédito stand by con el FMI.
En el Congreso de la Nación
Ya en su discurso de apertura de sesiones ordinarias ante el Congreso de la Nación, Alberto Fernández había anunciado una “querella criminal” contra Macri al asegurar que esos fondos “se utilizaron para favorecer la campaña” del expresidente. “Eso fue una administración fraudulenta y una malversación de caudales públicos como nunca antes habíamos registrado”, agregó.
El día en que el presidente Fernández anuncio la querella contra Mauricio Macri y sus funcionarios.
Entre otras cuestiones, la resolución le pide a la Sindicatura General de la Nación que determine la existencia y, en su caso, detalle a cuánto asciende el perjuicio económico que pudo haber generado el uso de los fondos obtenidos y los plazos comprometidos para el reembolso del dinero. El contrato entre el Gobierno y el organismo crediticio que por aquel entonces presidía Christine Lagarde se firmó el 12 de junio de 2018.
El decreto lleva la firma del presidente Alberto Fernández; el jefe de Gabinete Santiago Cafiero y los ministros de Justicia Martín Soria y de Economía, Martín Guzmán.
La denuncia penal había sido elaborada por Félix Crous e incluyó a varios funcionarios “macristas”, entre estos, el exministro de Economía Nicolás Dujovne y los presidentes del Banco Central Federico Sturzenegger; Luis Caputo y Guido Sandleris.
Elementos centrales del decreto
ARTÍCULO 1°.- Instrúyese a la PROCURACIÓN DEL TESORO DE LA NACION para que se constituya en parte querellante, en representación del ESTADO NACIONAL, en la causa N° 3561/2019 “Macri Mauricio y otros s/ defraudación por administración fraudulenta y defraudación contra la administración pública”, en trámite ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 5 de esta Capital Federal, y coadyuve en la promoción de la acción penal con el fin de determinar a las presuntas y los presuntos responsables de los delitos de acción pública que en ese proceso se investigan y que podrían haber damnificado al ESTADO NACIONAL.
ARTÍCULO 2°.- Instrúyese a la PROCURACIÓN DEL TESORO DE LA NACIÓN a iniciar las acciones conducentes al recupero de los eventuales daños y perjuicios emergentes de los hechos denunciados, facultándola a tal efecto a promover, en su caso, la respectiva acción civil en el proceso penal.
ARTÍCULO 3º.- Instrúyese a la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN para que determine la existencia y, en su caso, la cuantía del perjuicio económico que pudo haber generado el uso de los fondos obtenidos y los plazos comprometidos para el reembolso de la asistencia prestada, en el marco del Acuerdo Stand-By iniciado a través de la Carta de Intención del 12 de junio de 2018 y sus documentos modificatorios, ampliatorios y complementarios.
De aquí en más sólo resta esperar, qué dinámica seguirá la investigación y dependerá de la celeridad que le aplique la Justicia.
¿Se vendrán interminables juicios y levantamiento de acusaciones de frente a los comicios venideros?
¿Será que alguna vez, algún funcionario público, cualquiera sea su ideología o partido, terminará en prisión por haber cometido un delito, después de un juicio justo?
¿Qué más nos permitirá ver el 2021 en esta historia novelesca? El tiempo lo dirá. /tn