En la audiencia del lunes la defensa de Tula y de Paz insistió con la versión exculpatoria del hombre. Al momento de su detención, Tula había asegurado que no estuvo en la provincia. Señaló que viajó a Bolivia para hacer unas compras.
Como sustento a esa teoría, los defensores Silvia Furque y Gerónimo Martínez Molina solicitaron dos medidas: el secuestro del libro de ingresos de un hotel de La Quiaca, donde se habría alojado el acusado; pero además un informe de cinco cámaras de seguridad que probarían que para esa fecha Tula había salido de Tucumán, pasando por dos peajes y por dos estaciones de servicio.
Martínez Molina reclamó que habían solicitado esta prueba el 28 de agosto y que hasta hoy no tuvieron respuesta sobre el informe. “Solo nos informaron que una de las cinco cámaras no estaba funcionando, pero de las otras cuatro aún no tienen nada porque las tendría el ECIF de Salta”, indicó.
En ese sentido, manifestó que podría tratarse de una demora intencional dado que “la misma división Homicidios, que debe presentar este informe, es la que sostiene la acusación contra nuestro defendido en base a ‘averiguaciones reservadas’”. Por otra parte, el defensor admitió que la policía jujeña ya remitió el libro del hotel que habían solicitado y que el cuaderno está en manos de la fiscal de Homicidios Ignacio López Bustos, que solicitó una pericia caligráfica para determinar si efectivamente la firma indicada es de Tula o si la rúbrica fue falsificada.
Furque, por su parte, cuestionó la legalidad de las “averiguaciones reservadas” y planteó: “el imputado Leal mencionó en el caso a una tal ‘Marta’ y a un tal ‘Miguel’, pero por arte de magia para la Policía pasaron a ser Myriam y Roque Miguel. Esto se debe a la persecución policial que sufre la señora Paz, que denunció a la Policía en más de una ocasión”.
El fiscal y el abogado querellante, Braulio Zelarayán, no plantearon ninguna objeción al pedido de la defensa. En ese sentido, el juez González consideró que la solicitud de Martínez Molina y de Furque era admisible y resolvió intimar a la división Homicidios a que presente el informe solicitado en las próximas 24 horas (hasta hoy al mediodía); además determinó que el jefe de esa división deba pagar una multa de $ 100.000 por cada día de más que demore en responder a este pedido judicial.
Fuentes policiales aseguraron que: “el informe solicitado de las cámaras de seguridad de la provincia fue presentado en tiempo y forma. El material que están solicitando está en manos de las autoridades salteñas y, hasta que no lo remitan a Tucumán, no se podrá hacer el informe que solicitan”.
En la audiencia también declararon los imputados. Tula insistió con énfasis en su inocencia. Myriam Paz por su parte, se solidarizó con la familia de la víctima, al tiempo también juró su inocencia.
“Es lamentable lo sucedido. Soy madre de siete hijos y tengo 18 nietos, puedo imaginarme el dolor que está sintiendo esa mamá (la de Ostriz). Pido justicia por esa madre, porque Dios sabe que mis manos están limpias. Espero que caigan los verdaderos culpables de este crimen. Realmente me arrepiento de haber denunciado a la Policía, porque nunca había tenido problemas con nadie y sé que por esa razón me allanaron y me inculparon de esto”, manifestó.
La expectativa de aquí en más estará centrada en la llegada de las pruebas pedidas a las autoridades salteñas, sin que se tenga certeza por ahora de lo que pueda pasar con los plazos, luego de lo expuesto en la audiencia que puso en el ojo de la tormenta a la Policía tucumana.
